1996 - 31 de agosto - 2014

PATRIA O SAQUEO!!!

viernes, 20 de mayo de 2011

¿Que pensamos de la Deuda Externa? Declaracion de Fernando Esteche por la causa repudio al FMI del 31-8-2004

Declaración presentada ante el Juzgado del destituído Juez Galeano, por el compañero Fernando Esteche (miembro de la Dirección Nacional del MPR-QUEBRACHO), quien fuera citado a declarar el pasado 19 de Mayo de 2006 en los Tribunales Federales de Comodoro Py, por la Causa del 31 de Agosto de 2004. Cabe recordar que aquel día una masiva movilización se concentró en las puertas del Ministerio de Economía para repudiar la visita de Rodrigo de Rato, director del FMI, a nuestro país, y en la cual el gobierno de Kirchner desató una brutal represión, en la que cientos de compañeros fueron apresados, luego de ser golpeados, perseguidos y gaseados dentro de las estaciones de subtes y luego salvajemente torturados en las comisarías. 7 de estos compañeros permanecieron en prisión cerca de 4 meses y otros dos compañeros, entre ellos Fernando Esteche, debieron profugarse.

“Señor Juez:

Fernando Esteche, por derecho propio, en causa donde he sido hoy indagado, vengo a realizar algunas manifestaciones sobre los sucesos del día 31 de agosto de 2004, y aclarando que no me extenderé sobre aquella jornada concreta, propongo hacer un ejercicio de análisis más general que el mero hecho acaecido, a fin de poder tomar exacta dimensión del problema político de fondo. De tal modo, introducir en este juicio las variables que realmente atraviesan el conflicto real y que nos hacen preguntarnos, ¿Quién debe realmente sentarse en el banquillo de los acusados?

Según nuestro criterio sería imposible hacer cualquier tipo de evaluación de los sucesos de la fecha de referencia sin tener como antecedente de análisis el repudio generalizado que dicha entidad, el Fondo Monetario Internacional, reporta al grueso de mis compatriotas. Como es de público conocimiento, y tal como ha sido dictaminado según fallo judicial de la causa penal caratulada "Olmos Alejandro s/Denuncia" y registrada con el Nº 14.467, tal organismo ha sido co-responsable de someter a nuestro país a condiciones de máxima dependencia, buscando permanentemente acrecentar su lucro en desmedro de todo el pueblo Argentino.

Por tal motivo, este repudio generalizado tiene una raigambre histórica, pero también y principalmente permanece en estado de actualidad, dado que el delito cometido, y verificado oportunamente por una alta autoridad judicial de la nación, ha sido posteriormente reiterado y constan nuevas investigaciones judiciales al efecto además de importantísima documentación e investigación científica. Es pertinente aclarar que el fraude y la extorsión que constituye lo que llamamos Deuda Externa se ha perpetuado en el tiempo, prolongándose los daños contra nuestro país y recayendo sus consecuencias especialmente sobre los sectores populares.

Tan reconocida es esta situación de culpabilidad de la entidad que, sin ir más lejos, las máximas autoridades institucionales de la nación dicen públicamente reconocer el rol responsable de dicho organismo en el endeudamiento irracional de nuestro país.

Pese a todo esto que mencionamos, y volviendo sobre las inquietudes que quisiera compartir; sólo un grupo de gente ha pasado por el banquillo de los acusados en esta causa, y esos somos los hombres y mujeres que formamos parte de lo más sufrido de la realidad social de nuestro país y que, por tanto, nos reconocemos como parte de los que, justamente, más damnificados han sido por las políticas fondomonetaristas. Citando a Olmos, afirmamos que “no somos nosotros los argentinos, los que debemos rendir cuentas a nuestros acreedores. Son ellos, esos mismos acreedores, los que deben rendir cuentas ante nosotros los argentinos”

En tal sentido, aventuramos la necesidad de que las acciones y omisiones de los hombres de gobierno, cualquiera fuera su cargo ocupado mientras remitieran la capacidad de decisión pertinente, tendientes a garantizar las extorsiones e imposiciones de aquella entidad, así como su recepción y permanencia en nuestro territorio, sean vistos a la luz de la comisión del delito de traición a la patria, según art. 215 y otros del Código Penal de La Nación.

Por eso, su señoría, nos resulta perentorio tener presente, para poder tener como elemento de análisis, que Rodrigo de Rato, quien aquel 31 de Agosto de 2004 venía a entrevistarse con el Presidente Kirchner (que en aquella oportunidad había manifestado, luego de recibir a los obispos: “acabo de encontrarme con los enviados de Dios; ahora recibiré al enviado del diablo”, en alusión a Director Gerente del FMI), el entonces Ministro de Economía Lavagna y con otros hombres de diversas carteras, ocupa actualmente, tal como lo hacía en aquella fecha, el cargo de Director Gerente, máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional.

Que en tal oportunidad concurría a nuestro país, en carácter de una fugaz visita que tuvo por objeto exigir nuevas reformas estructurales para aprobar la tercera revisión de un acuerdo firmado entre nuestro país y el organismo el año precedente.

Es dable recordar, la virulenta crisis económica desatada en nuestro país a fines del 2001, que arrastra los coletazos de miseria y pauperización hasta el día de la fecha y es sabido que, en esa crisis, las políticas económicas definidas para nuestro país desde el Fondo Monetario, fueron determinantes, así como la permanente sangría de divisas en concepto de pagos a la entidad, que ni en lo más álgido de la crisis cesaron de hacerse efectivas.

Imaginamos, Su Señoría, que huelga decir que dicha entidad (FMI) es una de las que mayor responsabilidad tiene en el curso del endeudamiento de nuestro país durante los últimos 30 años, siendo sindicada no sólo como acreedora, sino que aparte, se constituyó en una auditora permanente de las decisiones económicas, y por ende, políticas y sociales internas. Tal el caso de la visita de referencia, en la que pudo saberse por todos los medios de comunicación cómo el presidente de la República, así como los ministros dependientes del poder ejecutivo nacional y otros técnicos, rindieron cuentas de la superación de las metas impuestas por el organismo respecto al superávit nacional. Baste momentáneamente esta anécdota para reflejar el carácter poco soberano de los hombres de gobierno.

Pero como recién le mencionara, el carácter dependiente respecto al FMI, es una relación de larga historia en nuestro país, al igual que en otros países de economías sojuzgadas. Haciendo un resumen, puede decirse que la deuda es un sistema de control económico que afecta al menos a toda la región y no desde ahora, sino desde siempre. Cuando en 1824 se hizo el préstamo Baring en la Argentina, se hicieron empréstitos parecidos en Brasil, en México y en todos los países sudamericanos. Por su similitud, es una obviedad plantear que a lo largo de la geografía latinoamericana, el proceso de contracción de deuda externa no ha sido una manifestación de la autonomía de los distintos países para decidir el rumbo de desarrollo económico propio, sino que ha sido consecuencia del rol dependiente que tienen en el concierto de las naciones del mundo. De igual modo, la lectura de las consecuencias de esta división internacional de funciones, asociadas al tipo de economía interna que han generado, evidencia en los últimos 30 años, por no ir más lejos en el tiempo, similares estados de crisis económicas financieras, repercutiendo severamente en el plano de la política interna y en las condiciones de vida del grueso de la población latinoamericana.

Por eso, Su Señoría, entiendo que para abordar cualquier cuestión que roce de cerca la existencia de las deudas de nuestros países y las consecuencias que éstas acarrean, ante todo es imperioso reconocer que el estado de precariedad social que atraviesan nuestras naciones no es producto de algún tipo de designio divino, ni mucho menos de alguna especie de catástrofe natural; sino que los destinos de los países empobrecidos de América Latina han sido trazados por el accionar concreto y material de ciertos intereses representados cabalmente por entidades que se dedicaron a perseguir su propio lucro. Entre ellas, el Fondo Monetario. Una vez más, nos preguntamos, en qué banquillo de acusación entraría tanta miseria, muerte y sometimiento esgrimido a millones de habitantes del planeta.

Pero, no crea que entendemos que éste es el único responsable de nuestras desdichas. No, Su Señoría, claro que no. Para que las extracciones siderales de riquezas operadas desde este centro de poder se llevaran a cabo, fue necesario contar con el aval permanente de las clases políticas locales. Por eso, desde mediados de la década del setenta América Latina se convirtió en exportador neto de capitales, cumpliendo las deudas externas el rol de apropiación de los excedentes de nuestros países por la vía financiera. Este fenómeno se agrava aún más si prestamos atención a los flujos de repatriación de ganancias de las empresas transnacionales.

Ya ve Ud, tan grosero es el mecanismo que nuestros países, que eran “recomendados” a solicitar préstamos para ordenar sus finanzas, se dedicaron a exportar excedentes financieros.

Es evidente, entonces, que el fenómeno de la deuda externa generó la posibilidad de la ingerencia directa de otros estados nacionales, o de organismos financieros, en los lineamientos políticos soberanos de los países deudores. Así, a lo largo de estas décadas, el gobierno de los Estados Unidos, los banqueros privados y las autoridades del Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos internacionales, impusieron lineamientos básicos de política económica. Estas reformas “sugeridas” por los banqueros y los organismos internacionales de crédito incluían la apertura de la economía al mercado y a las inversiones extranjeras y el fin del Estado benefactor. Estas medidas de neto corte neoliberal requerían ajustes estructurales en la política económica y, generalizando, se puede decir que a partir de allí el continente sufrió un acelerado proceso de desguace manifestándose en recortes presupuestarios, suspensión de partidas económicas destinadas a salud, educación y acción social, cesión a manos privadas del capital social acumulado, desgerenciamiento de sectores claves de la economía, etc, etc. Todas estas reformas estructurales, eran impuestas bajo condición de no otorgar nuevos préstamos, necesarios a su vez, para seguir pagando las cuotas de los adquiridos con anterioridad.



Dirá Ud que no es nada nuevo lo que le estamos diciendo. Sin duda que no lo es. Los costos económicos y sociales de este proceso han sido subrayados en gran número de estudios políticos, sociales y económicos y ello dio pie a que se denominara a los años posteriores a 1982 como "la década perdida" para los países de América Latina y otras regiones del mundo. Pese a que en su propia declaración de principios el FMI reconoce que “ las actividades del FMI buscan fomentar la estabilidad económica y evitar las crisis, ayudar a resolver las crisis cuando éstas se producen, y fomentar el crecimiento y aliviar la pobreza” la sucesión de crisis financieras (y por tanto sociales) y la pobreza estructural de las poblaciones del continente latinoamericano, así como la incidencia directa que el endeudamiento externo ha tenido en estas circunstancias, son una muestra cabal de las consecuencias de las políticas de este organismo para los países afectados por sus préstamos. Justamente porque no es ésta una información novedosa, volvemos a preguntarnos, ¿Quién es el que debiera estar sentado en el banquillo de los acusados?, ¿no sería acaso responsable de todos estos crímenes aquel que los generara, pero también aquel que, sabiendo de su existencia, no hiciera nada por detenerlos?

En el caso de nuestro país, la relación con el FMI es relativamente moderna, aunque encuentra sus parangones con otras relaciones leoninas de principios de siglo. Si bien el FMI surge en 1944, hasta la sangrienta dictadura de 1955 Argentina no adhiere al Fondo. A partir de ahí, y sustentada en un gobierno que atenta contra la legalidad del sistema político, empieza la nueva deuda Argentina.

Es dable volver mencionar, y así queremos remarcarlo, que tal como se grafica en líneas precedentes, la ingerencia del FMI, entidad a la que se manifestó repudio en la ciudad de Buenos Aires el pasado 31 de Agosto de 2004 -según consta en causa judicial que tramita en este Juzgado y por la cual fui citado- entre otras tantas oportunidades en que ha sido enérgicamente repudiada tal entidad en la Argentina y el resto del mundo, ha sido determinante en el proceso de endeudamiento nacional.

Ud sabrá, por su parte, que el período si se quiere más renombrado de la perniciosa acción del organismo en nuestro país, es el emparentado con la última dictadura militar de 1976, a partir de cuando se implementa la política de verdadero terrorismo económico y el inicio del modelo económico neoliberal fomentado por Martínez de Hoz. En este período se provoca un salto espectacular del monto adeudado y al final de la sangrienta dictadura militar, la deuda se había incrementado cerca de 600% incorporando a la deuda pública, la cuantiosa deuda privada contraída al amparo de la impunidad militar. Sí, como dijimos, se estatizó la deuda privada, pasando de allí en más a ser “patrimonio” de todo el pueblo la deuda contraída inescrupulosamente por un grupo selecto de empresarios buitres.

Sin embargo, y ya volveremos sobre ello Su Señoría, este período no ha sido excepcional en relación a la admisión de la intromisión del Fondo Monetario, en conjunto con otros organismos de crédito, en la toma de decisiones político económicas argentinas, alcanzando sus implicancias hasta el día de la fecha.

Volviendo al período 1976-83, es éste en el que el endeudamiento argentino empezó a convertirse en crónico con la ejecución del modelo económico que implementó la dictadura militar desde 1976. Así, la dictadura militar hizo al pueblo doblemente víctima de su accionar, generando el genocidio conocido contra los sectores populares, a la par que enquistando un modelo económico de dependencia del capital financiero y de alto endeudamiento, costo que recaería sobre el grueso de la nación.

Tan evidente era el perjuicio de la deuda externa, su señoría, como evidente era el beneficio que causaba a ciertos sectores privados locales y extranjeros. Es así que el proceso de endeudamiento externo generó el enérgico repudio de amplios sectores de la población. Así mismo, motivó una denuncia penal, tratando de anclar en la justicia el reconocimiento del flagrante delito y del castigo correspondiente a quienes lo llevaron adelante.

El día 4 de abril de 1982, aún en vigencia del gobierno militar, Don Alejandro Olmos, un patriota, formuló una denuncia penal contra José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No. 4, por los delitos previstos y penados por los arts. 173, inc. 7 y 248 del Código Penal. Nosotros y el grueso de los argentinos, señoría, reconocemos el coraje de Don Alejandro Olmos, quien ya era para ese entonces un renombrado militante popular. Imagínese Ud. que está claro que la suya fue la actitud de quien actúa pensando en los intereses colectivos de la nación, afrontando serios riesgos personales al enfrentarse a la más sangrienta dictadura que se recuerde en la historia. Con su denuncia, desnudó cómo todo ese período constituyó un asalto al poder por parte de voraces sectores económicos que, a la par que participaron del genocidio político de miles de argentinos, no dudaron en saquear al país entero con tal de lograr altos excedentes financieros privados. Este siniestro mecanismo se ejecutaba en combinación con los organismos de crédito, que promulgaban dichas líneas de accionar económico y que aportaban los fondos que serían después blanco de la estafa.

La denuncia de Olmos se fundaba en el hecho de que el plan económico, concebido y ejecutado por el Ministro de Economía de la Nación en el período 1976-1981, se realizó con miras a producir un desmesurado e irregular endeudamiento externo; que el ingreso de divisas se produjo con el objeto de negociar con las tasas de interés, produciendo quiebras y cierres de empresas y dificultades en la capacidad exportadora, de producción y crecimiento del país.

Largo fue, Su Señoría, el peregrinar de esta denuncia. Radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal y Correccional Federal Nº2 a cargo entonces del Dr. Martín de Anzoátegui, Secretaria Nº 4, del Dr. Arecha. Posteriormente, el Dr. Anzoátegui fue reemplazado en la titularidad de dicho tribunal por el actual Juez Dr. Miguel del Castillo. A su vez el Dr. Huarte Petite reemplazó al Dr. Arecha en la Secretaría del mismo Juzgado. La causa penal fue caratulada "Olmos Alejandro s/Denuncia" y registrada con el Nº 14.467.

Olmos, fiel a los intereses de la patria, inició el juicio a la deuda externa y siguió aportando pruebas prácticamente hasta el último día de su vida.

La causa N° 14.467 reúne 30 cuerpos principales de expedientes y más de 500 anexos. Más de 50 peritos trabajaron en la investigación. Se presentaron medio centenar de testigos e igual cantidad de declaraciones informativas

De esa causa a su vez, se derivaron otras presentaciones judiciales tales como la que se desprende a raíz de un informe pericial suscripto por los peritos Dres. Sabatino Forino y Alberto Tandurella, en el que se había determinado:

• Que con fondos del Tesoro Nacional, se cancelaron obligaciones externas de varias empresas privadas en distintas monedas.

• Que ni el Banco de la Nación Argentina ni el Banco Nacional de Desarrollo, como entidades financieras que tomaron a su cargo los aspectos operativos, iniciaron actuaciones para el recupero de las sumas pagadas por el Estado ni se acogieron al beneficio de la excusión.

• Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos no inició las acciones judiciales correspondientes para obtener el recupero de las sumas que afrontara el Estado, respecto a empresas como Acindar S.A., Autopistas Urbanas S.A., Covimet S.A., Parques Interama S.A., Aluar S.A., Papel Prensa S.A., Induclor S.A., entre otras.

• Que existieron avales otorgados en contratos en los que se debían establecer garantías reales sin haberse efectuado los correspondientes estudios técnicos y financieros, y sin haberse extremado los debidos recaudos antes del otorgamiento del aval.

En el informe final suscripto por los Dres. Fernando M. Curat y Alfredo A. Peralta, del cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional, y los peritos contadores ad-hoc, Dres. William Leslie Chapman, Alberto Tandurella y José A. Gomariz, quedó definitivamente establecido que:

1.- El acrecentamiento de la deuda externa del país, pública y privada entre 1976 y 1982, fue excesivo y perjudicial. Carece de justificación económica, financiera y administrativa.

2.- Existe responsabilidad del Ministro Martínez de Hoz y de sus sucesores hasta el 31 de diciembre de 1982, por las operaciones que determinaron el endeudamiento público y por haber promovido el endeudamiento del sector privado. Fueron partícipes de esa responsabilidad, el ex presidente del Banco Central, Dr. Adolfo Diz y sus sucesores.

3.- Las consecuencias actuales y futuras del crecimiento de la deuda externa del país son extremadamente perniciosas, los servicios de la deuda no podrán pagarse y las responsabilidades, aunque puedan hacerse ahora efectivas, han dañado el prestigio del país, su vida política, institucional, el orden jurídico, el sistema y la estructura económica, la paz social y la tradición histórica de la República. La trasgresión al art. 67 inc. 3 y 6 de la Constitución Nacional importa suma gravedad.

4.- Pueden considerarse probadas, en cuanto dependen de los resultados del examen pericial, las denuncias que obran en la causa de referencia.

Sin embargo, Su Señoría, y pese a la contundencia de las pruebas, el proceso de la deuda externa quedó en extremo demorado mientras nuestro país, en manos de la alternancia democrática ahora, seguía contrayendo nueva deuda, renegociando la vieja, obedeciendo los mandatos de política económica de los organismos multilaterales y, lo que es aún peor, perpetuando la impunidad de quienes fueron los operadores locales de semejante estafa.

Finalmente, y después de 18 años de trámites sí, 18 años, Señoría- y la incorporación de miles de documentos, el juez, Dr. Jorge Ballestero, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal No 2, dictó un pronunciamiento poniendo fin a la causa, en el que sostuvo en su parte final que:

“Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con la que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la nación en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado... Todo ello se advirtió en no menos de cuatrocientas setenta y siete oportunidades, número mínimo de hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés prestamos externos concertados por YPF, treinta y cuatro operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y veinte operaciones avaladas por el Tesoro Nacional que no fueron satisfechas a su vencimiento... A ello deben agregarse los préstamos tomados a través del resto de las empresas del Estado y sus organismos así como el endeudamiento del sector privado que se hizo público a través del régimen de seguros de cambio... Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguro de cambio...La existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente al presupuesto nacional desde el año 1976 no podían pasar desapercibidos a las autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones económicas... Es por estas razones que remitiré copia de la presente resolución al Honorable Congreso de la Nación, para que a través de las comisiones respectivas, adopte las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de la Nación que, reitero, ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política vulgar y agraviante que puso de rodillas a país, a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueron explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían entre otras cosas, a beneficiar y sostener negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual se vio reflejado en los valores obtenidos en el momento de iniciarse la privatización de las mismas...En efecto, debe recordarse que el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional”.

El fallo judicial resultó único en el mundo, pero no significó por ello pena alguna para los que fueron reconocidos responsables de la estafa perpetrada. Pese a que estableció la corresponsabilidad de los funcionarios de la Dictadura junto a la de los organismos de crédito, sólo ofició al Congreso de la Nación a que se estudiara la situación de la deuda, pero la mayoría parlamentaria nunca se ocupó del tema. Por eso, Señoría, nuevamente debemos detenernos en el accionar de la justicia en torno al tema de la deuda. Pese a que se ha hecho todo el trámite judicial según corresponde, quienes hemos sido víctimas de tal usura, y hoy estamos sentados en el banquillo de los acusados, debimos soportar durante todos estos años que los autores materiales y políticos de tal estafa tuvieran el beneficio de no pagar sus delitos, mientras ahora vemos caer sobre nosotros el peso del código penal.

En el ínterin del proceso judicial que le mencionábamos, y ante la lentitud e impotencia de la justicia, el propio Alejandro Olmos debió buscar otros caminos para repudiar y concientizar acerca de la “odiosa deuda externa”. Durante los dos gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), el legendario militante e investigador fue silenciado sistemáticamente, pero su acción militante permitió que todos nosotros, quienes no somos legos en el tema, nos nutriéramos de sus riquísimas investigaciones.

En 1995 un juicio popular -lamentablemente sin peso legal- presidido por el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, impuso "condenas morales" a los ex ministros de Economía Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Cavallo y otros cómplices del saqueo. En ese mismo año fundó el Foro Argentino de la Deuda Externa del cual nuestra Organización forma parte.

El 13 de julio del 2000, 80 días después de la muerte de Olmos, el juez Ballesteros dictamina, 18 años (¡18 años!) después en un fallo de 195 páginas que la deuda externa de la Nación era "ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta".

Insistimos Señoría, aún a riesgo de ser reiterativos, este lapidario fallo, no implicó ni un día de cárcel a los mayores perpetradores de la estafa. Tampoco implicó la cancelación de la relación con el Fondo Monetario, ni menos aún, la suspensión de los pagos de aquella deuda contraída criminalmente.

De hecho, las políticas de endeudamiento del proceso militar, no difirieron sustancialmente de las que se siguieron desarrollando durante las siguientes décadas de constitucionalismo que llevamos en vigencia. Vale aclarar: a la par que avanzaba la causa judicial que finalizaría con el fallo que determinaba la ilicitud de la deuda externa, los gobiernos nacionales y posteriormente también los provinciales, siguieron pagando, renegociando y contrayendo deuda externa con los mismos organismos que previamente nos habían estafado, dicho Señoría, no por nosotros, fácilmente acusables de tener intereses creados en nuestro carácter de opositores, sino por el propio Juez Ballestero, miembro del fuero Federal e impensado de los exabruptos que fácilmente se nos endilgarían a nosotros.

Un ejemplo de esas continuidades fueron los hombres que se encargaron de los distintos procesos de negociación con el Fondo. Cavallo constituye el ejemplo más conocido de estos, pero no por ello el único. Los procesos de estatización de deuda privada también marcan la idéntica lógica que atraviesa años y gobiernos. El primero, el ya reseñado en la retirada del gobierno militar durante la gestión de Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann, José María Dagnino Pastore y Jorge Wehbe como Ministros de Economía y de Julio Gómez, Egidio Ianella, Domingo Felipe Cavallo y Julio González del Solar como Presidentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La segunda estatización se produjo en 1985 donde el Estado asumió el total de la deuda externa privada. Así se cumplió con uno de los requisitos planteados por la banca acreedora y el FMI a los negociadores argentinos en un proceso que fue llevado a cabo por Juan V. Sourrouille, como Ministro de economía, José L. Machinea, Presidente del Bco. Central (quien fue gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante gran parte del mandato de Martínez de Hoz), y Raul Alfonsín, como Presidente de la República. Algunas de las empresas a las que se le habría otorgado el beneficio del seguro de cambio -avales - serían entre otras: Celulosa Argentina, Cognasco, Bridas, Pérez Companc, Acindar, S.A., Autopistas Urbanas S.A., Covimet S.A., Parques Interama S.A., Banco de Italia, Alpargatas, Massuh, Aluar S.A., Papel Prensa S.A., Induclor SA. (para conocer todas las empresas involucradas puede ver el film de Diego Musiak, “La mayor estafa al pueblo argentino”). La tercera estatización, se hizo con el salvataje al sector financiero, inmediatamente posterior a la caída del modelo de Convertibilidad.

Así mismo, las políticas centrales de la economía doméstica, siguieron digitadas por el Fondo Monetario Internacional.

El Plan Austral se negoció con el FMI previo a su lanzamiento, en junio de 1985. En 1987, en el marco del Plan Baker, se firmó un nuevo acuerdo con el FMI para controlar la inflación y mejorar el balance de pagos, ante la caída de las exportaciones y de las reservas. Igual que en los anteriores, sus metas no se alcanzaron, y en 1998 Argentina comenzó a caer en mora. A pesar de obtener financiamiento del Banco Mundial para profundizar la apertura y sostener el Plan Primavera hasta las elecciones de 1989, en febrero el flujo financiero desde Washington quedó suspendido. Por su parte, durante la administración del Presidente Carlos Menem se renegoció la deuda pendiente, a través de la implementación del plan impulsado por los grandes bancos norteamericanos y diseñado por el Secretario del Tesoro de EEUU, Nicolas Brady. No es necesario, creemos ya, ahondar más acerca de la intromisión de un estado extranjero en la definición de la política soberana de nuestro país. El Plan Brady consistía en una operación compulsiva de canje de la casi totalidad de la deuda que el país mantenía con la banca acreedora. Acuerdo que se alcanza en 1992 y a partir del cual se vuelven a abrir los mercados financieros y comienza a desarrollarse una nueva modalidad de endeudamiento público a través de la colocación de títulos en moneda extranjera que son adquiridos por fondos de inversión del país y del exterior. La deuda que había sido contraída inicialmente con los organismos multilaterales de crédito, es repartida por éstos, en múltiples tenedores de deuda Argentina.

Las condiciones para acceder a esta renegociación, manteniendo el sistema extorsivo mediante el cual se manejó históricamente el organismo de crédito, consistieron en severas reformas estructurales de la economía, incluyendo la privatización de las empresas públicas, daño que aún hoy el estado sigue pagando con creces. Con las privatizaciones de la década de los ´90, pese a que fueron hechas bajo el argumento de cancelar deuda, ingresaron al país 26.300 millones de dólares y sin embargo, la deuda pública se incrementó de 65.300 a 146.219 millones. Hoy, quedan pocas dudas ya de que las privatizaciones consistieron la liquidación literal de una gran parte del patrimonio nacional y se estima que ello representó una pérdida de aproximadamente 60.000 millones de dólares. Pérdida que fue a manos de grupos económicos (nacionales y transnacionales) comprometidos en la decisión del curso de la política implementada.

En los años noventa, la Argentina se convirtió en el paraíso de los apologistas del neoliberalismo aperturista y, gracias a ello, pudo ocupar un lugar de privilegio en el flujo de capitales financieros e inversiones. A fines de siglo, la deuda externa Argentina representaba la cuarta parte de la deuda total de los países emergentes, lo que fácilmente deja ver que los acreedores decidían concientemente asumir un altísimo riesgo por la operación, o bien que eran cómplices del negocio económico que la circulación de capital generaba. Otra vez, su señoría, nos preguntamos, ¿Cuántos banquillos de acusación serían necesarios para tantos responsables que andan sueltos?

No hace falta, evidentemente ser demasiado probo en la cuestión para poder darse cuenta, Su Señoría, que el círculo vicioso del endeudamiento, se verifica en la imposibilidad de hacer frente a los compromisos. Esto claramente reduce el margen de acción del Gobierno que acepta las imposiciones a tres alternativas: obtener nuevos créditos de organismos internacionales, plantear una “espera” a los acreedores o, negociar una “quita” del capital y/o interés. Por eso, ninguno de estos gobiernos ancló sus políticas en los intereses nacionales y populares.

Esa será la secuencia de acciones que adoptara el Gobierno del Presidente De la Rúa. Primero, durante la gestión del Ministro Machinea, (el mismo que previamente había operado la estatización en el año 1985) recurriendo a créditos de organismos internacionales y de gobiernos para no caer en cesación de pagos, operación denominada "blindaje financiero".

El “blindaje financiero” fue un paquete de asistencia financiera integrado por créditos del FMI, BM, BID y el Gobierno de España. Las condiciones del crédito y obligaciones de las partes quedaron formalizadas en la carta intención suscrita en diciembre del 2000 por el Gobierno Nacional y el FMI. Nótese, que la fecha de esta carta de intención es posterior al fallo ya dictado por Ballestero, donde había quedado establecida la corresponsabilidad del FMI en la maniobra fraudulenta del endeudamiento externo argentino.

Para tener acceso al crédito el Gobierno se comprometía a ejercer un estricto control sobre el déficit fiscal y a nuevas reformas estructurales de la economía, esta vez consistentes en agilizar la aprobación de un nuevo sistema previsional y la desregulación de las obras sociales.

El blindaje fracasa rápidamente. Pocos meses después, en mayo del 2001, durante la gestión de Domingo Cavallo como Ministro de Economía, se diseña una nueva estrategia bautizada con el nombre de Megacanje, que permitió una extensión de vencimientos. Antes del Megacanje la deuda externa comprometida hasta el año 2031, sumaba entre capital e intereses 206.606 millones. Luego del Megacanje trepó a 247.255 millones de dólares. A cambio de esta reestructuración se ofrecía en garantía de pago la recaudación impositiva.

Igual que la vieja causa Olmos, también por estas operaciones se iniciaron varias causas judiciales aunque luego de un corto proceso, el Juez Federal Jorge Ballestero ahora dictó la “falta de mérito” para el ex Ministro de Economía, Domingo Cavallo y sus colaboradores Daniel Marx, Julio Dreizzen y Jorge Baldrich durante el gobierno de Fernando De La Rúa. Aunque el titular del Juzgado en lo Penal Económico Nº 6 también consideró la existencia de operaciones ilícitas de endeudamiento haciendo responsable al directorio del Banco Central en el periodo democrático.

En síntesis, durante la década del 90 y principios del 2001, Argentina intensificó sus relaciones con el FMI y los demás organismos financieros internacionales, pese a la vasta cantidad de prueba que evidenciaba la negociación fraudulenta y nociva para nuestro país. Los principales trazos de la política económica local estuvieron digitados por aquella entidad. Así, en 1991 se implementó el Plan de Convertibilidad, respaldado por un acuerdo de derechos de giro aprobados por el FMI; se obtuvo un acuerdo de facilidades extendidas entre 1992 y 1994, y su ampliación en 1995. En 1998 y 2000 se aprobaron nuevos acuerdos, agregando a los compromisos la flexibilización laboral y el mejoramiento de la competitividad. En noviembre de 2000 el FMI participó del “blindaje financiero”, y en mayo de 2001 bendijo el canje de u$s 29.000 millones de títulos de la deuda externa argentina, por papeles a más largo plazo. Esto mediado con el ya mencionado desguace de las empresas del estado, más las más diversas modificaciones estructurales de la economía y del rol del estado respecto a los derechos de la ciudadanía. Solamente los intereses pagados entre 1991 y 2001 (Gobiernos de Menem y De la Rua) suman 88.000 millones de dólares.

Le recordamos Su Señoría, por si se le hubiera pasado por alto, que en este período casualmente quien suscribe, así como gran parte de los argentinos, fuimos quedando sin trabajo. Fuimos siendo empujados a la miseria y la marginalidad. Vimos a nuestros abuelos pasar hambre, por tener sus jubilaciones congeladas, vimos a nuestros hijos desnutrirse, porque los padres no teníamos con qué llevar el pan a la mesa. Fuimos reprimidos cada vez que debimos salir a la ruta en busca de soluciones y fuimos, también, tomando conciencia de que cada vez más éramos los sectores populares, los únicos sobre los que caía el peso de los ajustes y reformas estructurales impuestas desde afuera y obedecidas desde adentro. También Su Señoría, encontramos en la experiencia que el fallo del juez Ballestero quedaba en letra muerta llevado por delante en cada nueva renegociación de la estafa que se fue sucediendo en los gobiernos de los distintos partidos políticos. Por eso, otra vez nos preguntamos, ¿Quién debe ser acusado?

Todo este proceso de endeudamiento, que tuvo su pico con la escandalosa crisis de fines de 2001 y con la declaración de default, fue llevado adelante por la clase política local, emparentada con los intereses particulares de los grandes grupos económicos privados y, particularmente, con estrecha relación con los organismos de crédito.

En enero del 2002 Argentina, inmersa en medio de una crisis económica, social y política sin precedentes, declaró oficialmente el default. Al momento de declararse el default la deuda pública ascendía a 144.4 mil millones de dólares. Lo adeudado a organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y otros) alcanzaba a 32.3 mil millones (22.4%).

Esto, que implicaba la suspensión de pagos, no acarreó sin embargo, la suspensión de todos los pagos. De hecho, en ningún momento quedaron suspendidos los pagos por deuda externa a organismos de crédito privilegiados, tal el caso del FMI.

Con la Pesificación del Gobierno de Eduardo Duhalde y bajo el Ministerio de Remes Lenicov, se compensó a los Bancos con 15.000 millones de dólares saldando las deudas de más de setenta empresas privadas (año 2002).
En mayo del 2003 asumió el gobierno de Nestor Kirchner, que llegó al poder después de una profunda crisis institucional. Con los restos de las explosiones populares que surcaban la Argentina, debió hacerse eco de algunas de las consignas reclamadas popularmente para poder afianzar su capacidad de gobierno. Una de ellas, quizás una de las más sentidas, fue la cuestión de la deuda externa. También Kirchner, igual que lo había hecho Alfonsín en su discurso de asunción en 1983, prometió que no se pagaría la deuda externa con el hambre del pueblo. Ridículo Su Señoría si pensamos en lo que vino después, pero también si pensamos en que nunca había dejado de pagarse la deuda de los organismos. Según dice la misma Ministra Miceli en la última reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional, en Washington, el pasado 22 de abril: a pesar de la crisis, Argentina siguió efectuando grandes reembolsos netos a las instituciones financieras internacionales y canceló mediante un reembolso anticipado toda la deuda que tenía pendiente con el FMI, por eso, para recordar este enorme sacrificio, la ministra aclara que Argentina realizó pagos netos a las instituciones financieras internacionales por la cantidad de 25 mil millones de enero de 2002 a enero de 2006.

En septiembre del mismo año, hizo un primer acuerdo con el FMI, expresado en una nueva carta de intención, que se centraba en el refinanciamiento de vencimientos de los próximos tres años. A su vez, hizo una diferenciación entre los distintos componentes de la deuda externa manteniéndose el privilegio con el que contaron los organismos de crédito, que vieron cancelar religiosamente los vencimientos (de una deuda que ya hemos dicho hasta el hartazgo, que cuenta con el antecedente de haber sido declarada, al menos en una de sus partes, ilegal por un alto magistrado de la nación), aún en plena crisis económico social de la Argentina. El pago a los organismos constituyó una sangría de capitales que no fueron destinados a socorrer la emergencia social de nuestro país. En virtud de ello, la decisión de ese pago debe ser tenida por responsable de cada menor argentino en situación de desnutrición, de cada uno de las personas que componen los índices de indigencia, pobreza, desocupación, etc, etc. Una vez más nos preguntamos, al igual que gran parte del pueblo argentino, ¿Quién es el que debe ocupar el banquillo de los acusados, pensando en cuanta miseria se ha generado en nuestro pueblo? Porque Ud sabe, que los números estadísticos corresponden a personas concretas, de carne y hueso, cuyos derechos han sido virtualmente vapuleados, en desmedro de beneficiar el pago de deudas declaradas estafas.

El 9 de marzo de 2004, el gobierno decidió pagar al FMI 3.100 millones de dólares.

Acerca de la deuda que se pagó durante el período post crisis de 2001/02, existe toda una discusión acerca de si se pagó deuda nueva o vieja. Esta discusión trae nuevamente a colación el fallo del Juez Ballestero, anteriormente citado con detenimiento, al intentar plantear que los nuevos pagos corresponderían a nuevos préstamos. Esto, no quita el hecho de que nuevas presentaciones judiciales han tomado curso para determinar el carácter de ilicitud que han corrido estos nuevos préstamos, como el caso del megacanje, préstamo que así como se recibió, volvió a salir en calidad de fuga de capitales, tal como consta en el informe de la comisión de investigación de fuga de capitales de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el entonces legislador justicialista Nicola.

Más allá de esto, es indiscutible que la fracción de deuda que sí goza de un fallo judicial, se siguió pagando, a la vez que el déficit constante de las cuentas fiscales de los años ochenta en adelante fue cubierto por la emisión permanente de nueva deuda, lo que significa ni más ni menos, que la nueva deuda fue utilizada para saldar las cuentas de la deuda declarada ilícita. Por lo tanto, si el Fondo Monetario seguía desembolsando préstamos para pagar una deuda ilícita, de la que la entidad es tan responsable como los funcionarios locales que la contrajeron y los empresarios locales que se beneficiaron; esta nueva deuda, debe ser tenida por tan ilícita como la anterior. En este sentido, algunos autores, como Alejandro Olmos Gaona (hijo de aquel patriota), sostienen que el delito de la deuda externa es de ejecución continuada, sosteniéndose a través del tiempo mediante las refinanciaciones que se hacen. En ningún momento hubo un cambio de modalidad, sino que ese fraude originario no obstante haberse consumado, continuó en un estado de consumación permanente. Por ello el último desembolso de 10.000 millones de dólares de las reservas nacionales para pagarle la deuda al FMI hay que encuadrarla en la comisión de delito atendiendo a lo dicho y cuyo responsable principal es el presidente Néstor Kirchner y sus ministros y los políticos que callaron como partícipes necesarios.

Nos queda citar nuevamente a Olmos, porque nadie mejor que él ha expresado el sentir de millones de argentinos respecto de esto, nadie como él nos ha expresado incluso a quien esto suscribe:

“luchamos porque creemos en la fuerza de la verdad, en el valor de las ideas y en el ejemplo de la conducta. No claudicamos ante el soborno de las posiciones o el dinero, porque tenemos la convicción de la dignidad y la armadura de la honradez.

...nuestro accionar...es una convocatoria a los argentinos a oponerse al crimen de la deuda, convertido en el eje fundamental de los planes que instrumentan la desocupación y la miseria...”

“Las privatizaciones a precio vil...la deliberada fabricación de los déficit de las empresas públicas... La negociación clandestina de las reservas internacionales....el sometimiento a los tribunales extranjeros....la transferencia al estado de las deudas del sector privado...la conversión en deuda externa de la deuda interna de las multinacionales…el manejo de la economía nacional por asalariados de los grupos internacionales....la congelación de las jubilaciones.....la baja de los salarios.....la desprotección de los trabajadores.....el aumento de la pobreza y la concentración de las fortunas.....en fin...todo el historial de la depredación nacional depende de la deuda externa...ocultado por la conspiración del silencio de las clases dirigentes cómplices....”

“Podrán descargar sobre nosotros la descalificación doctoral de los académicos pero no nos importan las consecuencias mientras se conozca la verdad de las injusticias... nuestra lucha tiene un destinatario: el pueblo...y no es esta una frase convencional ni un halago demagógico...es la expresión sincera de una verdad autentica...es nuestra verdad...para que despierte a los argentinos de la anestesia moral de una resignación impuesta por el engaño, las frustraciones y los fracasos...”

Finalmente, Su Señoría, presentamos entonces el presente material entendiendo que contiene los suficientes elementos como para que tome nota de la comisión pública de delitos y actúe en consecuencia o ignore lo aquí denunciado sobre los delitos que más temprano que tarde los delincuentes tendrán que pagar a pesar de que algunos jueces pretendan no ver lo flagrante.
En cuanto a nosotros y las manifestaciones públicas de la Organización de la que soy miembro e integrante de su Dirección Nacional, el MPR Quebracho, nos queda reivindicar para nosotros, para el Pueblo argentino y para sus organizaciones el derecho a hacer lo posible y necesario para evitar que se continúe saqueando a la Patria y lamentando que podamos ser juzgados por repudiar a un delincuente que viene a nuestro país a seguir extorsionando”.

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